Luis M. Ontoso (ABC)
Relegada desde el inicio de la crisis a un segundo plano, la política de vivienda sufre los recortes presupuestarios en silencio, lejos del protagonismo que han adquirido otras medidas de ajustes más abultadas pero igualmente drásticas, como las rescisiones de obras en carreteras y redes ferroviarias presentadas la semana pasada en el Congreso por el ministro de Fomento, José Blanco.
El último varapalo llegó con el anuncio —anticipado con la boca pequeña públicamente y temido durante meses— de supresión de las ayudas a la compra directa de vivienda protegida, que la ministra Corredor presentó la semana pasada.
El Gobierno se escuda en que, según la ejecución presupuestaria del Plan Estatal de Vivienda en 2009, la compra es la línea menos demandada y con menor cumplimiento por parte de comunidades autónomas y promotores, al contrario de lo que sucede con las políticas de rehabilitación y arrendamiento, que han demostrado ser decisivas en la reactivación del mercado.
Sin embargo, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), una de las medidas estrella durante la primera legislatura del Ejecutivo socialista, languidece entre pérdidas millonarias y un plan de reducción de plantilla que durante los dos últimos años ha dejado en la calle a 18 de los más de 60 trabajadores con que contaba esta entidad.
Su supervivencia parece estar cada vez más ligada al drenaje del «stock» de vivienda sin vender, actualmente estipuladas en 614.742 inmuebles, según el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). Los últimos pasos dados en esta dirección ponen de relieve que se convertirá en una herramienta del Ejecutivo para dar salida al elevado remanente de viviendas que tienen promotores y cajas de ahorro.
Tanto la firma del reciente acuerdo con Santander Real Estate —empresa que comercializa los activos inmobiliarios del Grupo Santander— como el convenio suscrito con la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en virtud del que las entidades de ahorro podrán ofrecer en alquiler un parque de más de 137.000 viviendas, resultan claros ejemplos del rumbo que ha tomado la SPA, según indicaron fuentes del sector.
Así, además, lo ponen de relieve las ventajas con que se encuentran los promotores frente a los propietarios individuales (la posibilidad de alquilar promociones enteras o unidades que hayan quedado sin vender, por ejemplo), una medida que desde la oposición se ha criticado duramente, ya que acusan de utilizar los fondos de la empresa pública —el suministrado por la Entidad Estatal de Suelo (Sepes)— para rescatar a las entidades en apuros, mientras los despidos en el seno de la propia sociedad se suceden con una inusitada frecuencia.
- Sangría de desempleo.
La última remesa de ceses se produjo el mes pasado, con la rescisión de tres empleados. Fuentes de la entidad señalan que los ceses laborales se han disparado desde julio de 2009, centrándose, sobre todo, en los responsables de área (departamento de Recursos Humanos, Comercial, de Obras y Contratos, entre otros).
Desde entonces, la Sociedad ha mandado al paro a 14 empleados alegando motivos económicos, todos ellos por la vía del despido improcedente y, por tanto, con una indemnización de 45 días por año trabajado.
Los trabajadores hacen hincapié en que la política de recortes se acentuó tras la llegada de Nieves Huertas a la presidencia, a quien acusan de «implantar criterios mercantilistas» en una organización esencial para la mejora de las posibilidades de acceso a la vivienda de familias y jóvenes. Durante los primeros meses de su presidencia, a partir de junio de 2008, efectuó el despido en bloque de cuatro de sus trabajadores.
El Ministerio, por su parte, asegura que la reducción de plantilla se enmarca en una política de contención de costes. Pero la fórmula que se ha empleado para extinguir los contratos choca con los cambios legislativos incluidos en el decreto ley de la reforma laboral, que durante el mismo mes en el que se registraron los últimos despidos proponía la generalización del contrato de fomento del empleo, con 33 días de indemnización por año trabajado en vez de los 45 días del contrato normal. En la mayor parte de los casos, los trabajadores disponían de una antigüedad en la empresa de entre cinco y tres años, durante los que cobraban un salario de cerca de 40.000 euros.
Si bien la plantilla se ha incrementado desde la presidencia de Huertas, ya que cuando accedió a la SPA esta disponía de cerca de 50 trabajadores, en el caso de los nuevos contratos, la Sociedad no predica con el ejemplo. La asignación del personal recién incorporado, jóvenes en régimen de temporalidad e indefinidos, no supera la horquilla de entre los 15.000 y 25.000 euros al año, situación que, ante el número decreciente de responsables de área, obliga a estos trabajadores a «asumir funciones superiores a su categoría», según fuentes de la organización.
- Pérdidas de 23 millones.
La reducción de plantilla se inscribe en un periodo de dificultades económicas para la SPA, con una pérdida acumulada de 23 millones de euros, según denuncia el Partido Popular, que presentó una proposición no de ley reclamando su disolución y liquidación. La demanda de vivienda en alquiler a la tampoco ha contribuido a aliviar la situación.
Durante los cinco años que lleva en marcha la SPA ha suscrito 13.277 contratos, una cifra inferior en casi 12.000 arrendamientos a la propuesta inicialmente.
Ante esta situación, que los populares tachan de «quiebra técnica», el Ejecutivo ha destinado una partida total de 13,4 millones de euros para equilibrar las cuentas y un préstamo de Sepes de seis millones.
El partido de la oposición critica la «clara duplicidad» de competencias frente a la existencia de organizaciones similares en el ámbito local y autonómico. «No consideramos que ante esta situación de crisis esté justificado este gasto teniendo en cuenta los pobres resultados», subraya el grupo parlamentario «popular» que insiste en que la SPA sigue teniendo unas pérdidas de 9,9 millones de euros tras las aportaciones que se han realizado.
Relegada desde el inicio de la crisis a un segundo plano, la política de vivienda sufre los recortes presupuestarios en silencio, lejos del protagonismo que han adquirido otras medidas de ajustes más abultadas pero igualmente drásticas, como las rescisiones de obras en carreteras y redes ferroviarias presentadas la semana pasada en el Congreso por el ministro de Fomento, José Blanco.
El último varapalo llegó con el anuncio —anticipado con la boca pequeña públicamente y temido durante meses— de supresión de las ayudas a la compra directa de vivienda protegida, que la ministra Corredor presentó la semana pasada.
El Gobierno se escuda en que, según la ejecución presupuestaria del Plan Estatal de Vivienda en 2009, la compra es la línea menos demandada y con menor cumplimiento por parte de comunidades autónomas y promotores, al contrario de lo que sucede con las políticas de rehabilitación y arrendamiento, que han demostrado ser decisivas en la reactivación del mercado.
Sin embargo, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), una de las medidas estrella durante la primera legislatura del Ejecutivo socialista, languidece entre pérdidas millonarias y un plan de reducción de plantilla que durante los dos últimos años ha dejado en la calle a 18 de los más de 60 trabajadores con que contaba esta entidad.
Su supervivencia parece estar cada vez más ligada al drenaje del «stock» de vivienda sin vender, actualmente estipuladas en 614.742 inmuebles, según el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). Los últimos pasos dados en esta dirección ponen de relieve que se convertirá en una herramienta del Ejecutivo para dar salida al elevado remanente de viviendas que tienen promotores y cajas de ahorro.
Tanto la firma del reciente acuerdo con Santander Real Estate —empresa que comercializa los activos inmobiliarios del Grupo Santander— como el convenio suscrito con la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en virtud del que las entidades de ahorro podrán ofrecer en alquiler un parque de más de 137.000 viviendas, resultan claros ejemplos del rumbo que ha tomado la SPA, según indicaron fuentes del sector.
Así, además, lo ponen de relieve las ventajas con que se encuentran los promotores frente a los propietarios individuales (la posibilidad de alquilar promociones enteras o unidades que hayan quedado sin vender, por ejemplo), una medida que desde la oposición se ha criticado duramente, ya que acusan de utilizar los fondos de la empresa pública —el suministrado por la Entidad Estatal de Suelo (Sepes)— para rescatar a las entidades en apuros, mientras los despidos en el seno de la propia sociedad se suceden con una inusitada frecuencia.
- Sangría de desempleo.
La última remesa de ceses se produjo el mes pasado, con la rescisión de tres empleados. Fuentes de la entidad señalan que los ceses laborales se han disparado desde julio de 2009, centrándose, sobre todo, en los responsables de área (departamento de Recursos Humanos, Comercial, de Obras y Contratos, entre otros).
Desde entonces, la Sociedad ha mandado al paro a 14 empleados alegando motivos económicos, todos ellos por la vía del despido improcedente y, por tanto, con una indemnización de 45 días por año trabajado.
Los trabajadores hacen hincapié en que la política de recortes se acentuó tras la llegada de Nieves Huertas a la presidencia, a quien acusan de «implantar criterios mercantilistas» en una organización esencial para la mejora de las posibilidades de acceso a la vivienda de familias y jóvenes. Durante los primeros meses de su presidencia, a partir de junio de 2008, efectuó el despido en bloque de cuatro de sus trabajadores.
El Ministerio, por su parte, asegura que la reducción de plantilla se enmarca en una política de contención de costes. Pero la fórmula que se ha empleado para extinguir los contratos choca con los cambios legislativos incluidos en el decreto ley de la reforma laboral, que durante el mismo mes en el que se registraron los últimos despidos proponía la generalización del contrato de fomento del empleo, con 33 días de indemnización por año trabajado en vez de los 45 días del contrato normal. En la mayor parte de los casos, los trabajadores disponían de una antigüedad en la empresa de entre cinco y tres años, durante los que cobraban un salario de cerca de 40.000 euros.
Si bien la plantilla se ha incrementado desde la presidencia de Huertas, ya que cuando accedió a la SPA esta disponía de cerca de 50 trabajadores, en el caso de los nuevos contratos, la Sociedad no predica con el ejemplo. La asignación del personal recién incorporado, jóvenes en régimen de temporalidad e indefinidos, no supera la horquilla de entre los 15.000 y 25.000 euros al año, situación que, ante el número decreciente de responsables de área, obliga a estos trabajadores a «asumir funciones superiores a su categoría», según fuentes de la organización.
- Pérdidas de 23 millones.
La reducción de plantilla se inscribe en un periodo de dificultades económicas para la SPA, con una pérdida acumulada de 23 millones de euros, según denuncia el Partido Popular, que presentó una proposición no de ley reclamando su disolución y liquidación. La demanda de vivienda en alquiler a la tampoco ha contribuido a aliviar la situación.
Durante los cinco años que lleva en marcha la SPA ha suscrito 13.277 contratos, una cifra inferior en casi 12.000 arrendamientos a la propuesta inicialmente.
Ante esta situación, que los populares tachan de «quiebra técnica», el Ejecutivo ha destinado una partida total de 13,4 millones de euros para equilibrar las cuentas y un préstamo de Sepes de seis millones.
El partido de la oposición critica la «clara duplicidad» de competencias frente a la existencia de organizaciones similares en el ámbito local y autonómico. «No consideramos que ante esta situación de crisis esté justificado este gasto teniendo en cuenta los pobres resultados», subraya el grupo parlamentario «popular» que insiste en que la SPA sigue teniendo unas pérdidas de 9,9 millones de euros tras las aportaciones que se han realizado.
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