PCPV de l´Horta Sud (Levante-emv)
En nuestro país unos cinco millones de parados, más de siete millones de pensionistas y muchos millones más de ciudadanos viven atenazados por la crisis económica y por las políticas antisociales que con la excusa de esta crisis desarrollan el Gobierno de Zapatero y las administraciones públicas en manos de los dos partidos mayoritarios. Porque, en lugar de hacer pagar la crisis a los responsables, el capital financiero y las multinacionales, las medidas que se han ido tomando inciden en primer lugar contra los trabajadores y sectores más vulnerables de la población.
Hace meses el Gobierno del Estado aprobó un recorte de las pensiones; también un «plan de ajuste» que supone grandes recortes sociales y de servicios públicos e infraestructuras, y más recientemente ha puesto en marcha una reforma del mercado de trabajo que implica un ataque directo a los trabajadores y a los mismos sindicatos, por lo que ya han convocado para septiembre una huelga general solicitando el apoyo de la izquierda social y política.
La reforma laboral que ahora se tramita en las Cortes persigue instaurar un despido más fácil, más rápido y más barato; perpetuar la contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo; debilitar la negociación colectiva y facilitar la modificación sustancial de las condiciones de los contratos de trabajo, incluidas las pactadas en los convenios colectivos, disminuyendo el control judicial y facilitando en las empresas el descuelgue salarial previsto en los convenios colectivos; y legalizar las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro. Y junto con la necesidad y justicia de esta huelga, hay que resaltar su importancia no sólo como jornada reivindicativa de los trabajadores en defensa de sus derechos, sino también como principio de respuesta ante una situación de enorme malestar y desencuentro ciudadanos con unas instituciones políticas gobernadas por dirigentes y partidos neoliberales, que quieren hacernos pagar los platos rotos de un sistema económico cada vez más injusto y alienante.
Hace falta la más amplia y unitaria movilización, social y política, porque lo que el Gobierno Zapatero y sus aliados están haciendo, además de deteriorar las condiciones de vida de la gran mayoría, es atacar de raíz el actual modelo de estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución. Un modelo que establece como principios básicos el derecho al trabajo, no al despido libre, y a unas condiciones dignas de vida para toda la población, justo lo contrario del «pensionazo» y de los recortes sociales y privatizaciones de servicios públicos que se vienen produciendo.
Un modelo que reconoce unos derechos civiles, sociales y políticos hoy puestos en entredicho cada vez más, por ejemplo, con el cuestionamiento del papel de los sindicatos que supone restringir la negociación colectiva al ámbito de cada empresa, o con los incumplimientos realizados de los acuerdos firmados con anterioridad en materia de pensiones o de retribuciones a los empleados públicos.
La convocatoria de huelga para el 29 de septiembre supone, en definitiva, la apertura de una nueva etapa en la lucha unitaria de los trabajadores y de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas por la defensa de mejores condiciones de vida y de una democracia y de unas libertades puestas en entredicho por los actuales gobernantes y poderes económicos.
En nuestro país unos cinco millones de parados, más de siete millones de pensionistas y muchos millones más de ciudadanos viven atenazados por la crisis económica y por las políticas antisociales que con la excusa de esta crisis desarrollan el Gobierno de Zapatero y las administraciones públicas en manos de los dos partidos mayoritarios. Porque, en lugar de hacer pagar la crisis a los responsables, el capital financiero y las multinacionales, las medidas que se han ido tomando inciden en primer lugar contra los trabajadores y sectores más vulnerables de la población.
Hace meses el Gobierno del Estado aprobó un recorte de las pensiones; también un «plan de ajuste» que supone grandes recortes sociales y de servicios públicos e infraestructuras, y más recientemente ha puesto en marcha una reforma del mercado de trabajo que implica un ataque directo a los trabajadores y a los mismos sindicatos, por lo que ya han convocado para septiembre una huelga general solicitando el apoyo de la izquierda social y política.
La reforma laboral que ahora se tramita en las Cortes persigue instaurar un despido más fácil, más rápido y más barato; perpetuar la contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo; debilitar la negociación colectiva y facilitar la modificación sustancial de las condiciones de los contratos de trabajo, incluidas las pactadas en los convenios colectivos, disminuyendo el control judicial y facilitando en las empresas el descuelgue salarial previsto en los convenios colectivos; y legalizar las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro. Y junto con la necesidad y justicia de esta huelga, hay que resaltar su importancia no sólo como jornada reivindicativa de los trabajadores en defensa de sus derechos, sino también como principio de respuesta ante una situación de enorme malestar y desencuentro ciudadanos con unas instituciones políticas gobernadas por dirigentes y partidos neoliberales, que quieren hacernos pagar los platos rotos de un sistema económico cada vez más injusto y alienante.
Hace falta la más amplia y unitaria movilización, social y política, porque lo que el Gobierno Zapatero y sus aliados están haciendo, además de deteriorar las condiciones de vida de la gran mayoría, es atacar de raíz el actual modelo de estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución. Un modelo que establece como principios básicos el derecho al trabajo, no al despido libre, y a unas condiciones dignas de vida para toda la población, justo lo contrario del «pensionazo» y de los recortes sociales y privatizaciones de servicios públicos que se vienen produciendo.
Un modelo que reconoce unos derechos civiles, sociales y políticos hoy puestos en entredicho cada vez más, por ejemplo, con el cuestionamiento del papel de los sindicatos que supone restringir la negociación colectiva al ámbito de cada empresa, o con los incumplimientos realizados de los acuerdos firmados con anterioridad en materia de pensiones o de retribuciones a los empleados públicos.
La convocatoria de huelga para el 29 de septiembre supone, en definitiva, la apertura de una nueva etapa en la lucha unitaria de los trabajadores y de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas por la defensa de mejores condiciones de vida y de una democracia y de unas libertades puestas en entredicho por los actuales gobernantes y poderes económicos.
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