I. Olaizola (Diario de Mallorca)
Ignacio Fernández Toxo es muy crítico con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) dice que la reforma laboral que ultima el Congreso de los Diputados, a la espera de la resolución de las enmiendas, está pensada únicamente para agilizar el despido. También carga contra la política social del Ejecutivo y le recuerda que congelar las pensiones o elevar la edad de jubilación no significa otra cosa que duros recortes sociales.
–¿Qué va a significar la reforma laboral para un trabajador medio?
–En el campo de la contratación, y a expensas todavía de las enmiendas que se tramitan en el Congreso, supone un varapalo para los contratos indefinidos. Abre un campo inmenso para la contratación temporal hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha hasta la que esta modalidad estará subvencionada. En definitiva, potenciará la contratación temporal por encima de la indefinida. También esta modalidad temporal será más rentable para el empresario que el modelo implantado hasta ahora para los fijos discontinuos.
–¿Y en cuestión de despidos?
–También aligerará las causas para poder rescindir un contrato. Fomentará el uso del despido objetivo. Que una empresa demuestre que sus beneficios se están reduciendo será causa de despido. Como también que registre pérdidas. Y no como antes, que tenía que acreditar dos años de números rojos. En realidad, parece que esta reforma laboral se ha pensado únicamente para agilizar el despido. La simple previsión de pérdidas será causa de despido. Sin lugar a dudas va a originar un fuerte incremento de los despidos y puede que las empresas hagan ajustes de cara a conseguir una mayor productividad con ellos.
–También se ha dicho que va a perjudicar a las negociaciones colectivas...
–Sí, los convenios colectivos quedarán muy tocados. Las empresas podrán modificar las condiciones laborales sin atender a los convenios sectoriales. No favorecerá la flexibilidad interna y si un trabajador se niega a aceptar los cambios laborales que se le planteen, podrá ser despedido con una indemnización de veinte días por año trabajado.
–¿Qué otras sorpresas nos depara?
–Permitirá la intermediación en el mercado laboral de entidades privadas con ánimo de lucro. Impulsa una privatización del paro.
–Tras la huelga de los funcionarios, la sensación de los ciudadanos fue que los sindicatos mayoritarios sólo se movilizan cuando se atacan los intereses del sector público, no cuando las cifras del paro crecían mes a mes...
–Sí, puede que esa fuera la sensación de la gente, pero me parece una visión injusta. Le debíamos al país el esfuerzo de intentar alcanzar acuerdos con la Administración antes de decidirnos a convocar una huelga general, porque una medida extrema de este calibre no crea empleo. La huelga de los funcionarios tuvo un seguimiento muy desigual cuando el mero hecho de que el Gobierno incumpliese los acuerdos alcanzados con dos millones y medio de trabajadores del sector público ya era un motivo más que suficiente para realizar el paro. Ahora la situación ha cambiado. La reforma laboral nos sitúa ante el mayor ataque frontal contra los derechos de los dieciséis millones de trabajadores con contrato en vigor en este país. Estamos ante el mayor retroceso de los derechos laborales en la historia de la democracia española.
–¿No son producto estos ajustes y reformas de una nueva forma de abordar las condiciones laborales en el continente europeo?
–Europa ha cambiado el rumbo, pero no ha exigido a cada Gobierno que centre el ajuste sólo en el gasto público. Tampoco ha reclamado emprender una reforma laboral ni elevar la edad de jubilación hasta los 67 años. En España se han impuesto las tesis más liberales así como la opinión del empresariado más cutre del país. Y no hay que olvidar que la especulación inmobiliaria y el sistema financiero son los principales culpables de la actual situación en la que nos encontramos. Es cierto que se ha producido una crisis financiera internacional, pero la caída de la actividad en el sector de la construcción ha provocado la pérdida de un millón de empleos y ha provocado un efecto dominó arrastrando en su caída a otros sectores. El problema es que nuestro país se ha desarmado fiscalmente y padece una importante carencia de ingresos.
–¿Qué propone para suplir esta carencia?
– Habría que emprender una reforma fiscal en profundidad. Y fijar el objetivo en la lucha contra el fraude y contra la economía sumergida. Así se podría compensar el crecimiento del déficit público. Sólo con recuperar el impuesto de patrimonio se recaudarían dos mil millones de euros, más que lo que reportará la congelación de las pensiones. También, a nivel autonómico, habría que recuperar el impuesto de donaciones y sucesiones. Es imprescindible además poner orden en el sistema financiero. La reforma de la Ley de Cajas supone en realidad la privatización de la mitad del sistema financiero español.
–¿Espera que la huelga general del 29 de septiembre sea un éxito?
–El mayor éxito de una huelga general es no tener que hacerla. Pero sí debería servir para reconducir las políticas económicas. El déficit público es un lastre, pero lo prioritario ahora es el empleo, actuar para rebajar el elevado número de personas que se encuentran en paro. Esta huelga debería servir para reorientar el plan de ajuste y que la economía vuelva a crecer, también para modificar el sentido de la reforma laboral.
–¿Por qué todas las reformas laborales que imponen drásticos recortes en los derechos de los trabajadores las hacen gobiernos socialistas?
–Desgraciadamente, al Partido Socialista siempre le ha tocado gobernar en periodos de graves crisis económicas, y siempre ha reaccionado recortando los derechos de los trabajadores. Es como si padeciera una suerte de síndrome de Estocolmo y fuera un rehén de los mercados financieros. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha dado un giro de ciento ochenta grados en su política económica y social. Porque hay que recordarle al Gobierno que congelar las pensiones y retrasar dos años la edad de jubilación suponen en realidad duros recortes en el gasto social del que tanto se ufanaba el presidente a principio de la legislatura.
–¿Por qué se va a probar esta reforma laboral en el mes de agosto?
–Porque ningún partido ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar su tramitación por la vía de urgencia.
–¿Izquierda Unida no se ha planteado esta posibilidad?
–Lo cierto es que el recurso debe estar avalado por el apoyo de al menos cincuenta diputados, y no creo que Izquierda Unida pudiera reunirlos. Pero el Defensor del Pueblo sí podría hacerlo de oficio y acabar con esa sensación de que es una figura institucional que no hace nada. Lo mismo ha ocurrido con la reforma de la Ley de Cajas, una norma que ha puesto patas arriba el sistema financiero más vinculado con el territorio tramitándose también por la vía de urgencia y que, en definitiva, ha conseguido expulsar a la sociedad civil de los órganos de control de las cajas.
Ignacio Fernández Toxo es muy crítico con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) dice que la reforma laboral que ultima el Congreso de los Diputados, a la espera de la resolución de las enmiendas, está pensada únicamente para agilizar el despido. También carga contra la política social del Ejecutivo y le recuerda que congelar las pensiones o elevar la edad de jubilación no significa otra cosa que duros recortes sociales.
–¿Qué va a significar la reforma laboral para un trabajador medio?
–En el campo de la contratación, y a expensas todavía de las enmiendas que se tramitan en el Congreso, supone un varapalo para los contratos indefinidos. Abre un campo inmenso para la contratación temporal hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha hasta la que esta modalidad estará subvencionada. En definitiva, potenciará la contratación temporal por encima de la indefinida. También esta modalidad temporal será más rentable para el empresario que el modelo implantado hasta ahora para los fijos discontinuos.
–¿Y en cuestión de despidos?
–También aligerará las causas para poder rescindir un contrato. Fomentará el uso del despido objetivo. Que una empresa demuestre que sus beneficios se están reduciendo será causa de despido. Como también que registre pérdidas. Y no como antes, que tenía que acreditar dos años de números rojos. En realidad, parece que esta reforma laboral se ha pensado únicamente para agilizar el despido. La simple previsión de pérdidas será causa de despido. Sin lugar a dudas va a originar un fuerte incremento de los despidos y puede que las empresas hagan ajustes de cara a conseguir una mayor productividad con ellos.
–También se ha dicho que va a perjudicar a las negociaciones colectivas...
–Sí, los convenios colectivos quedarán muy tocados. Las empresas podrán modificar las condiciones laborales sin atender a los convenios sectoriales. No favorecerá la flexibilidad interna y si un trabajador se niega a aceptar los cambios laborales que se le planteen, podrá ser despedido con una indemnización de veinte días por año trabajado.
–¿Qué otras sorpresas nos depara?
–Permitirá la intermediación en el mercado laboral de entidades privadas con ánimo de lucro. Impulsa una privatización del paro.
–Tras la huelga de los funcionarios, la sensación de los ciudadanos fue que los sindicatos mayoritarios sólo se movilizan cuando se atacan los intereses del sector público, no cuando las cifras del paro crecían mes a mes...
–Sí, puede que esa fuera la sensación de la gente, pero me parece una visión injusta. Le debíamos al país el esfuerzo de intentar alcanzar acuerdos con la Administración antes de decidirnos a convocar una huelga general, porque una medida extrema de este calibre no crea empleo. La huelga de los funcionarios tuvo un seguimiento muy desigual cuando el mero hecho de que el Gobierno incumpliese los acuerdos alcanzados con dos millones y medio de trabajadores del sector público ya era un motivo más que suficiente para realizar el paro. Ahora la situación ha cambiado. La reforma laboral nos sitúa ante el mayor ataque frontal contra los derechos de los dieciséis millones de trabajadores con contrato en vigor en este país. Estamos ante el mayor retroceso de los derechos laborales en la historia de la democracia española.
–¿No son producto estos ajustes y reformas de una nueva forma de abordar las condiciones laborales en el continente europeo?
–Europa ha cambiado el rumbo, pero no ha exigido a cada Gobierno que centre el ajuste sólo en el gasto público. Tampoco ha reclamado emprender una reforma laboral ni elevar la edad de jubilación hasta los 67 años. En España se han impuesto las tesis más liberales así como la opinión del empresariado más cutre del país. Y no hay que olvidar que la especulación inmobiliaria y el sistema financiero son los principales culpables de la actual situación en la que nos encontramos. Es cierto que se ha producido una crisis financiera internacional, pero la caída de la actividad en el sector de la construcción ha provocado la pérdida de un millón de empleos y ha provocado un efecto dominó arrastrando en su caída a otros sectores. El problema es que nuestro país se ha desarmado fiscalmente y padece una importante carencia de ingresos.
–¿Qué propone para suplir esta carencia?
– Habría que emprender una reforma fiscal en profundidad. Y fijar el objetivo en la lucha contra el fraude y contra la economía sumergida. Así se podría compensar el crecimiento del déficit público. Sólo con recuperar el impuesto de patrimonio se recaudarían dos mil millones de euros, más que lo que reportará la congelación de las pensiones. También, a nivel autonómico, habría que recuperar el impuesto de donaciones y sucesiones. Es imprescindible además poner orden en el sistema financiero. La reforma de la Ley de Cajas supone en realidad la privatización de la mitad del sistema financiero español.
–¿Espera que la huelga general del 29 de septiembre sea un éxito?
–El mayor éxito de una huelga general es no tener que hacerla. Pero sí debería servir para reconducir las políticas económicas. El déficit público es un lastre, pero lo prioritario ahora es el empleo, actuar para rebajar el elevado número de personas que se encuentran en paro. Esta huelga debería servir para reorientar el plan de ajuste y que la economía vuelva a crecer, también para modificar el sentido de la reforma laboral.
–¿Por qué todas las reformas laborales que imponen drásticos recortes en los derechos de los trabajadores las hacen gobiernos socialistas?
–Desgraciadamente, al Partido Socialista siempre le ha tocado gobernar en periodos de graves crisis económicas, y siempre ha reaccionado recortando los derechos de los trabajadores. Es como si padeciera una suerte de síndrome de Estocolmo y fuera un rehén de los mercados financieros. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha dado un giro de ciento ochenta grados en su política económica y social. Porque hay que recordarle al Gobierno que congelar las pensiones y retrasar dos años la edad de jubilación suponen en realidad duros recortes en el gasto social del que tanto se ufanaba el presidente a principio de la legislatura.
–¿Por qué se va a probar esta reforma laboral en el mes de agosto?
–Porque ningún partido ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar su tramitación por la vía de urgencia.
–¿Izquierda Unida no se ha planteado esta posibilidad?
–Lo cierto es que el recurso debe estar avalado por el apoyo de al menos cincuenta diputados, y no creo que Izquierda Unida pudiera reunirlos. Pero el Defensor del Pueblo sí podría hacerlo de oficio y acabar con esa sensación de que es una figura institucional que no hace nada. Lo mismo ha ocurrido con la reforma de la Ley de Cajas, una norma que ha puesto patas arriba el sistema financiero más vinculado con el territorio tramitándose también por la vía de urgencia y que, en definitiva, ha conseguido expulsar a la sociedad civil de los órganos de control de las cajas.
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