Levante - El Mercantil Valenciano
(Secretario de empleo CCOO PV)
La reforma laboral cambia buena parte de los procedimientos de despido individual y colectivo; establece reducciones en las indemnizaciones a abonar por las empresas y generaliza el contrato indefinido de fomento del empleo. Se argumenta, grosso modo, que la reducción de la dualidad entre trabajo temporal e indefinido en el mercado de trabajo requiere incentivar la contratación indefinida eliminando algunas "deficiencias" en los procedimientos de despido y reduciendo su coste.
Debemos señalar que estas "deficiencias" se intentan justificar por la escasa utilización del despido objetivo por parte de los empresarios que, ante la incertidumbre excesiva que generan las decisiones judiciales, utilizarían de forma masiva el llamado despido exprés por causas disciplinarias. Esta afirmación, sin embargo, no está corroborada por ningún estudio empírico cuantitativo o cualitativo, tratándose sólo de una de las grandes mentiras que arropan esta injusta reforma laboral.
Llama la atención que la denominada dualidad entre temporales e indefinidos no se ataque mediante la exigencia estricta al empresario de demostrar las causas que le obligan a hacer uso del contrato temporal, o luchando contra el fraude en la contratación. Se pretende, cínicamente, reducir la temporalidad aumentando la fragilidad del contrato indefinido, intentando que resulte más atractivo al ser fácilmente rescindible, tanto en procedimiento como en coste. Lamentablemente esta reforma conseguirá reducir las diferencias entre temporales e indefinidos, no porque los temporales sean más estables, sino porque los "indefinidos" serán mucho más precarios.
Esta mayor precariedad del empleo "indefinido" viene determinada, en primer lugar, porque, entre otras, se limitan las causas de nulidad de los despidos y se posibilita la vía del llamado despido exprés a los despidos por causas objetivas. Ambos cambios reducen las posibilidades de defensa del trabajador frente a las decisiones arbitrarias del empresario.
En segundo lugar, se subvenciona al empresario el coste del despido a través del Fondo de Garantía Salarial, tanto en los despidos objetivos con causa justificada, como en aquellos que no la tienen, lo que supone asumir la financiación con el erario público de despidos sin causa justificada. El coste directo para el empresario se reduce entre un 24% y un 40%. Si a ello unimos la reducción de los plazos de preaviso, y la posibilidad del despido exprés, estaríamos ante una reducción total superior al 50% del coste del despido.
En tercer lugar, la generalización del uso del contrato indefinido de fomento del empleo, con 33 días de indemnización, va a suponer la extinción paulatina del contrato indefinido ordinario, con 45 días de indemnización. Esta rebaja de 12 días de indemnización máxima pone en la diana del despido a aquellos trabajadores que en estos momentos tengan un contrato indefinido ordinario.
Este ataque al empleo estable aumentará la precariedad de nuestro mercado de trabajo y reducirá el salario medio que, ya en estos momentos, se sitúa en el País Valenciano claramente por debajo de la media estatal. La reforma incentiva, paradójicamente, las actividades de menor valor añadido y menor esfuerzo tecnológico, justo el resultado contrario al necesario cambio en el modelo productivo. Se deterioran, por lo tanto, las condiciones de trabajo y de vida de la población.
Son razones más que suficientes para una Huelga General.
(Secretario de empleo CCOO PV)
La reforma laboral cambia buena parte de los procedimientos de despido individual y colectivo; establece reducciones en las indemnizaciones a abonar por las empresas y generaliza el contrato indefinido de fomento del empleo. Se argumenta, grosso modo, que la reducción de la dualidad entre trabajo temporal e indefinido en el mercado de trabajo requiere incentivar la contratación indefinida eliminando algunas "deficiencias" en los procedimientos de despido y reduciendo su coste.
Debemos señalar que estas "deficiencias" se intentan justificar por la escasa utilización del despido objetivo por parte de los empresarios que, ante la incertidumbre excesiva que generan las decisiones judiciales, utilizarían de forma masiva el llamado despido exprés por causas disciplinarias. Esta afirmación, sin embargo, no está corroborada por ningún estudio empírico cuantitativo o cualitativo, tratándose sólo de una de las grandes mentiras que arropan esta injusta reforma laboral.
Llama la atención que la denominada dualidad entre temporales e indefinidos no se ataque mediante la exigencia estricta al empresario de demostrar las causas que le obligan a hacer uso del contrato temporal, o luchando contra el fraude en la contratación. Se pretende, cínicamente, reducir la temporalidad aumentando la fragilidad del contrato indefinido, intentando que resulte más atractivo al ser fácilmente rescindible, tanto en procedimiento como en coste. Lamentablemente esta reforma conseguirá reducir las diferencias entre temporales e indefinidos, no porque los temporales sean más estables, sino porque los "indefinidos" serán mucho más precarios.
Esta mayor precariedad del empleo "indefinido" viene determinada, en primer lugar, porque, entre otras, se limitan las causas de nulidad de los despidos y se posibilita la vía del llamado despido exprés a los despidos por causas objetivas. Ambos cambios reducen las posibilidades de defensa del trabajador frente a las decisiones arbitrarias del empresario.
En segundo lugar, se subvenciona al empresario el coste del despido a través del Fondo de Garantía Salarial, tanto en los despidos objetivos con causa justificada, como en aquellos que no la tienen, lo que supone asumir la financiación con el erario público de despidos sin causa justificada. El coste directo para el empresario se reduce entre un 24% y un 40%. Si a ello unimos la reducción de los plazos de preaviso, y la posibilidad del despido exprés, estaríamos ante una reducción total superior al 50% del coste del despido.
En tercer lugar, la generalización del uso del contrato indefinido de fomento del empleo, con 33 días de indemnización, va a suponer la extinción paulatina del contrato indefinido ordinario, con 45 días de indemnización. Esta rebaja de 12 días de indemnización máxima pone en la diana del despido a aquellos trabajadores que en estos momentos tengan un contrato indefinido ordinario.
Este ataque al empleo estable aumentará la precariedad de nuestro mercado de trabajo y reducirá el salario medio que, ya en estos momentos, se sitúa en el País Valenciano claramente por debajo de la media estatal. La reforma incentiva, paradójicamente, las actividades de menor valor añadido y menor esfuerzo tecnológico, justo el resultado contrario al necesario cambio en el modelo productivo. Se deterioran, por lo tanto, las condiciones de trabajo y de vida de la población.
Son razones más que suficientes para una Huelga General.
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